En un giro que ha generado alarma y preocupación en el ámbito político y social de la provincia, la Prefectura de Chimborazo ha intentado aprobar, fuera del plazo establecido, la alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) con el Plan Nacional de Desarrollo «Ecuador No Se Detiene» 2025-2029. Esta acción, que podría tener serias repercusiones legales, evidencia un posible descuido por parte de las autoridades provinciales y sus asesores, poniendo en jaque la planificación estratégica de la región.
De acuerdo a la circular No. PR-SSGDP-2026-0003-C de la Subsecretaría Nacional de Planificación, la fecha límite para que la prefectura de Chimborazo aprobara dicha alineación era hasta el 29 de marzo de 2026. Sin embargo, en una muestra clara de descoordinación y falta de previsión, la provincia no cumplió con este mandato en el tiempo establecido. La situación salió a la luz en la sesión del Consejo Provincial celebrada en la mañana del martes 31 de marzo, en la cual, en el punto 4 del orden del día, se decidió remitir la propuesta a la Comisión de Legislación para que inicie su tratamiento, una acción que muchos analistas califican como un «retraso peligroso» y una «respuesta improvisada» a un requerimiento legal.
Este retraso no solo evidencia una gestión deficiente, sino que también podría acarrear consecuencias jurídicas para las autoridades responsables, con el prefecto a la cabeza, según expertos en derecho administrativo. La posible falta de cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa nacional podría derivar en sanciones, responsabilizaciones y en un daño irreparable a la credibilidad del gobierno provincial ante los organismos nacionales e internacionales.
La ciudadanía y los actores políticos en Chimborazo observan con preocupación cómo un acto aparentemente administrativo puede traducirse en un problema mayor, que afecte la planificación del desarrollo de la provincia y el cumplimiento de las políticas nacionales. La urgencia ahora es que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen las medidas correctivas necesarias para evitar que este error tenga un impacto más profundo en la gestión pública y en el bienestar de la población.
Mientras tanto, la pregunta que permanece en el aire es: ¿Qué tan grave será este descuido para el futuro de Chimborazo? La respuesta, quizás, solo la tengan las próximas semanas, pero lo cierto es que la transparencia y la responsabilidad deben prevalecer en un momento en que la región requiere liderazgo firme y decisiones a tiempo.