En una bomba que sacude las entrañas del poder local, el concejal Carlos Aulla ha salido a la palestra para denunciar un presunto entramado ilícito que podría estar poniendo en jaque la integridad del mercado de tierras en la ciudad. Según sus declaraciones explosivas, funcionarios del Registro de la Propiedad y notarías públicas estarían implicados en un esquema de tráfico de tierras, una trama que, de confirmarse, podría tener implicaciones muchísimo más profundas de lo que la vista alcanza.

¿Qué hay detrás de la denuncia?

Aulla no se anduvo con medias tintas y aseguró haber presentado una denuncia formal ante las máximas autoridades de control del Estado: la Contraloría General y la Fiscalía General del Estado. Y no lo hizo con las manos vacías, sino con una montaña de pruebas: más de 104 documentos que, según afirma, evidenciarían irregularidades que se han venido gestando durante meses, e incluso años, en el corazón mismo del Registro de la Propiedad.

“Esto no es un rumor, esto es una muestra clara de lo que está ocurriendo en el Registro”, afirmó el edil con tono serio, pero con la mirada llena de preocupación y rabia.

¿Cómo operaría esta red de corrupción?

Según detalla Aulla, el presunto esquema funcionaría en la sombra, en un contubernio perverso entre funcionarios públicos y notarios. La supuesta estrategia sería modificar los linderos, superficies y dimensiones de predios todo, claro, en beneficio de quienes estarían detrás de la operación.

Lo más grave, denuncia, es que estos trámites irregulares habrían logrado sortear los filtros internos, llegando incluso a ser certificados por registradores en turno. Mientras tanto, los ciudadanos honestos, los que cumplen con todos los requisitos y procedimientos, se ven obligados a atravesar un largo y costoso proceso para lograr lo que, aparentemente, otros logran con un simple “pase de manos”.

¿Subdivisiones y favores políticos?

Aulla también cuestiona la legitimidad de las subdivisiones aprobadas por el Municipio, algunas de ellas realizadas directamente por notarías sin seguir el procedimiento administrativo correspondiente: sin permisos, sin pagos, sin resoluciones oficiales. ¿Casualidad? Él no lo cree.

El concejal no se quedó solo en las denuncias: sugirió que detrás de estos movimientos ilícitos habría favores políticos, “una red de complicidades que favorece a ciertos actores en perjuicio de la comunidad”. Y advirtió que solicitará al Consejo de la Judicatura que investigue a las notarías involucradas, mientras que en la Fiscalía buscará que exregidores rindan su versión de los hechos, considerando la alta rotación en esas instituciones durante la administración.

¿Qué dice la autoridad?

El actual registrador, que por ley está sujeto a la supervisión del Concejo Municipal, aún no se ha pronunciado en público. Aulla, sin embargo, afirma que la administración actual ha adoptado medidas nuevas para reforzar los controles, aunque no descarta que en el pasado haya existido una laxitud que permitió estas irregularidades.

El panorama está caliente y la tensión crece. La comunidad riobambeña pide respuestas, justicia y transparencia en un escenario que, de confirmarse, podría desatar un escándalo de proporciones. La pregunta que todos se hacen ahora: ¿quiénes más están detrás de esta telaraña de corrupción y tráfico ilegal de tierras?

Seguiremos atentos a los próximos capítulos de esta investigación que promete sacudir los cimientos de Riobamba.