Quito, Ecuador — En una operación que ha despertado suspicacias y cuestionamientos, una pequeña empresa con apenas 800 dólares de capital logró asegurar un contrato de más de 1,4 millones de dólares con el Ministerio de Salud Pública para la limpieza de 59 centros de salud en el Distrito Metropolitano. La firma, Seprolimpio S.A., fue la adjudicataria tras participar en un proceso de subasta inversa electrónica, en medio de una competencia con siete otros oferentes.
El acuerdo, firmado el pasado 12 de febrero por la Dirección Distrital de Salud 17D06-E, tiene una duración de un año y contempla servicios de limpieza en áreas críticas, semicríticas y generales, cubriendo centros de atención que sirven a más de 1,4 millones de habitantes en Quito. La magnitud del contrato y la aparente disparidad entre los recursos de la empresa y el monto del contrato ha generado un intenso debate en el ámbito público y privado.
Lo que llama la atención es la historia detrás de Seprolimpio S.A. y sus propietarios. La firma funciona en un condominio residencial en Carcelén, al norte de Quito, y está registrada a nombre de Carolina Herrera Espinoza, quien posee el 75% de las acciones, y su esposo Raúl Sánchez Mendoza, cabo primero de la Policía Nacional y gestor de compras públicas.
Pero no todo es claridad: Herrera Espinoza enfrenta denuncias en Fiscalía por presunta suplantación de identidad y falsificación de documentos, hechos que, de confirmarse, podrían poner en entredicho la legalidad del proceso y la transparencia del contrato.
Este caso revela una serie de interrogantes sobre los mecanismos de contratación pública en Ecuador, especialmente en procesos de subasta inversa, en los que una pequeña empresa con recursos mínimos logra obtener contratos millonarios en un corto período. La participación de ocho oferentes en la licitación y la adjudicación a Seprolimpio, en medio de acusaciones y registros polémicos, pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la integridad en cada paso de estos procesos.
Mientras el Ministerio de Salud y las instituciones responsables aseguran que todo se realizó conforme a la ley, la ciudadanía exige transparencia y respuestas claras sobre cómo una firma con recursos tan limitados pudo ganar un contrato de esta magnitud, en un sector tan sensible como la salud pública.