La sombra de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el exjefe máximo de Los Choneros, y de la controversial proveedora de alimentos Lafattoria, son los dos principales ingredientes del caso Emporio Presidiario, el más reciente escándalo judicial, en el que las autoridades apuntan a una gran maquinaria de lavado de dinero.
Para entender la magnitud de esta trama, hay que revisar los antecedentes de Lafattoria, empresa que monopolizó el negocio de la comida en las cárceles durante más de una década, acumulando decenas de cuestionados convenios de pago estatales. Hasta que en mayo de 2024, dejó de proveer comida al Estado en medio de denuncias del Gobierno de una supuesta vinculación con el crimen organizado.
Tras la operación policial, el Gobierno lanzó una cifra muy grande: la red habría movilizado USD 1.700 millones en el sistema financiero. Sin embargo, en los tribunales la historia tuvo un matiz distinto.
Durante la audiencia de formulación de cargos contra nueve personas por presunto lavado de activos, la Fiscalía expuso el rastro de USD 110 millones lavados a través de un esquema que incluía desde pequeños salones de belleza hasta empresas fantasma.
La abismal brecha entre el anuncio inicial y lo presentado ante el juez abre una interrogante que solo se despejará con el avance de la instrucción fiscal o cuando se concrete la vinculación pendiente de Lafattoria y otras tres compañías al proceso penal.
Esto porque, finalmente, Lafattoria y otras empresas mencionadas no fueron procesadas. Aunque, de inmediato, la fiscal del caso ya pidió fecha para vincular al proceso a estas entidades. Aunque todavía no hay fecha para la audiencia.
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USD 110 millones lavados y la sombra de Los Choneros
En la diligencia, la Fiscalía reveló que la conexión directa del caso con el crimen organizado quedó expuesta con transferencias a exempleados de Lafattoria y depósitos a favor de Corganpecsa S.A., una empresa que estaría relacionada con Inda Peñarrieta, esposa de ‘Fito’.
El origen de la investigación es un reporte de la UAFE, que apunta a Pedro Álvaro Reyes Franco, uno de los procesados. Es un policía en servicio activo que, a pesar de tener un RUC suspendido desde 2009 por un negocio cerrado llamado «El pionero», recibió transferencias de trabajadores de Lafattoria.
Además, Reyes habría hecho un envío de USD 4.000 a Lissette Hernández, identificada como la pareja de Junior Roldán, alias ‘JR’, exsocio de ‘Fito’ en la cúpula de Los Choneros.
Allanamientos por el operativo ‘Emporio Presidiario’ en Guayas, Los Ríos y Pichincha, este 20 de marzo de 2026.@FiscaliaEcuador
Otro de los procesados es Hans Estuardo Tipan Caiza, mayor de Policía, quien manejó cuentas por USD 3,4, facturando ingresos bajo la categoría de «consumidor final» y registrando transacciones directas con Lafattoria, Corganpecsa y Provisali -otra empresa mencionada-, siendo capturado con USD 37.000 en efectivo y cajas de cigarrillos no registrados en su dormitorio.
Por su parte, la procesada Karla Fernanda Mera Méndez, supuesta dueña de una tienda de abarrotes, llegó a tener 15 cuentas bancarias que habrían movido más de USD 16 millones, interactuando financieramente tanto con Corganpecsa como con Provisali.
Otra figura procesada es la de Rubén Asdrúbal Palacios Lliguin, quien fungía como gerente de 32 farmacias con un RUC suspendido desde 2001, logrando canalizar depósitos por USD 72,6 en 24 cuentas bancarias y manteniendo lazos financieros con familiares de alias ‘JR’.
Además, aparece Carmen Yolanda Úsca Paguay, quien habría usado el «Gabinete Yoli» y la «Peluquería David» para camuflar ingresos de más de USD 13 millones, transfiriendo enormes cantidades a Corganpecsa.
En el sector agrario, en cambio, apareció el nombre de Parrish André Jacome Espín, cultivador de cacao y directivo de Medicmar, quien habría recibido casi USD 3,5 millones, según la UAFE, transfiriendo altas sumas a personajes vinculados con el crimen organizado y con la nómina de Lafattoria.
A él se suma Alex José Baquerizo Lino, comerciante mayorista con antecedentes por asesinato y tenencia de armas, que movilizó más de USD 700.000 y se interconectó con Lissette Hernández y Lafattoria.
En la operación también habría participado Blanca Yesenia Gómez Bajaña, esposa del policía Tipan, quien a través de su «Comercial Gómez» habría reportado ingresos por más de USD 18 millones, vinculándose a los economatos penitenciarios mediante Provisali.
Finalmente, la estructura se habría completado con Miguel Gustavo Quizhpi Mendieta, gerente de siete empresas como Chev Logistics y Alpagro, cuyas cuentas movieron ingresos por USD 85,6 millones.
El magistrado Sebastián Cornejo dictó prisión preventiva para los nueve procesados. Además, dispuso la inmovilización, retención y congelamiento de fondos de todas las cuentas bancarias de los procesados. Así como la incautación de varios bienes.